Nuevos argumentos para legitimar viejos usos: la lucha por el control de los diamantes

Dos cuestiones están tensionando hoy en día el sector del diamante: una es la entrada en joyería del diamante sintético, la otra cuestión no es nueva, se trata del procedimiento para reconocer los diamantes procedentes de fuentes conocidas socialmente aceptables, dicho con otras palabras, encontrar la manera de que únicamente se comercie con diamantes que cumplen ciertas normas respetuosas tanto para las personas como para el medioambiente. Lo curioso es que aunque son dos temas del mundo del diamante independientes entre sí, a menudo las partes en desacuerdo utilizan intensivamente la ética como argumento para convencer al público de que su actitud es la correcta (con las implicaciones económicas que conlleva). En este contexto de intensos y a veces acalorados debates, como profesionales y como ciudadanos deberíamos reflexionar y ser críticos con la información que se nos suministra tanto de una parte como de otra.
Por lo que se refiere a la cuestión de los diamantes sintéticos frente a los naturales, las campañas publicitarias de los primeros, basadas en el hipotético menor impacto medioambiental y la superioridad ética de su producto, han desencadenado la réplica del sector consolidado del diamante natural que dice que la mayor parte de los beneficios que aporta la extracción de diamantes va a parar a la sociedad mediante la creación de empleo, impuestos, infraestructuras de uso público y programas sociales y, además, el impacto medioambiental de la minería queda subsanado mediante la financiación de proyectos de conservación de la naturaleza. Pero no vamos a dedicarle aquí más espacio a este debate porque, en mi opinión, se resolverá muy pronto cuando el consumidor reconozca el diamante sintético como otro producto diferente al natural, igual que ha pasado con otras gemas, por ejemplo los rubíes.

La cuestión que me interesa abordar son los mecanismos para controlar el origen responsable (desde el punto de vista social) de los diamantes. Los esfuerzos encaminados a ese fin ¿son justos y honestos o son un intento de controlar las fuentes de suministro? ¿Es posible que los requerimientos burocráticos que se imponen a los pequeños mineros independientes sea una barrera que inhibe su desarrollo? Todos sabemos que al menos desde 2003, cuando el Proceso Kimberley comenzó su andadura, se está intentando evitar que los beneficios del comercio de diamantes en países que sufren conflictos graves financien grupos amados que masacran a la población. Eso es algo en lo que probablemente estamos todos de acuerdo. Sin embargo, qué medidas y cómo aplicarlas es lo que no está tan claro. Recordemos que el Proceso Kimberley solo cubre el comercio de diamantes en bruto, mientras que los mayores centros internacionales de comercio de diamantes están en países que no tienen minas, son centros de compra y venta. Por lo que los requerimientos que el Proceso Kimberley impone a los productores podrían, de alguna manera, estar desfasados con respecto a la realidad. Esto es algo que incluso Stephane Fischler, presidente del Consejo Mundial del Diamante (WDC), planteaba recientemente. En una carta abierta publicada en GOLD&TIME, decía «me desconcierta que los participantes del Proceso Kimberley que abogan por los estándares más estrictos de seguridad en la cadena de suministro no sean los que tienen el mayor grado de riesgo…».

En esencia, el Proceso Kimberley no es más que un sistema de certificaciones al que están adheridos una larga lista de países. Pero además hay otras iniciativas, por ejemplo Diamond Development Initiative (DDI) es una ONG canadiense fundada en 2007 que promueve otros sistemas de certificaciones, el Maendeleo Diamond Standard (MDS) y MDS Certification System, con el fin, dicen, de mejorar los precios que se pagan a los pequeños mineros y conseguir una minería que respete los derechos humanos, la salud en el trabajo y el medio ambiente. Pero curiosamente algo llama la atención, según un informe de Asociación de Productores de Diamantes (DPA), en 2017 Canadá fue el segundo país que más quilates de diamantes extrajo, y el tercero en cuanto a volumen económico. Ahora bien, en este país los recursos diamantíferos son explotados por grandes y modernas empresas.

En realidad, según el informe The Global diamond Industry 2018 encargado por el Centro Mundial del Diamante de Amberes (AWDC), cinco grandes empresas mineras controlan el 70% de la producción mundial: Dominion Diamond Mines; Petra Diamonds; Rio Tinto; el grupo De Beers; y ALROSA. Dada su envergadura, estas empresas tienen un gran poder de negociación, en otras palabras, pueden imponer sus intereses con relativa facilidad tanto a sus clientes como a los países en los que operan, al mismo tiempo que salvan los obstáculos burocráticos con relativa facilidad.En general, las iniciativas encaminadas a racionalizar la explotación de los recursos diamantíferos se centran en África, entre otras cosas porque el continente cuenta con muchos yacimientos de diamantes. Por ejemplo, el grupo De Beers, conocido por haber controlado férreamente la mayor parte de la producción mundial de diamantes durante más de un siglo, lanzó en Sierra Leona, junto con DDI, un proyecto denominado GemFair que pretende crear una ruta transparente de los diamantes desde la mina hasta el consumidor. Los mineros que se adhieran a esta iniciativa serán auditados y certificados y, además, De Beers dice que comercializará su producción comprándola a un precio justo. No dice, eso sí, quién definirá los parámetros del precio justo que pagará a los mineros.

Aunque los intensos conflictos armados que ensangrentaban el continente africano a principios de 2000 han desaparecido, muchos se han convertido en conflictos de «baja intensidad» que incluyen serios problemas sociales, económicos y políticos. Ello ha hecho plantearse la redefinición de «diamantes de conflicto» que ahora incluiría formas de violencia sistémica, tal como gobiernos corruptos, condiciones de trabajo extremas y abusos contra los derechos humanos, pero deberíamos tener cuidado de que los mecanismos y procedimientos que se pongan en práctica no acaben por enajenar los recursos y la autonomía de los que en último término serían sus beneficiarios.
Escrito por José Manuel Rubio Tendero

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